Carlos Galán Feced

El conocido como pasaporte covid se ha vuelto necesario tanto para viajes intracomunitarios como para poder acceder a bares, restaurantes y otros establecimientos en algunas comunidades autónomas de España.

Con el objetivo de saltarse ese requisito legal, desde la entrada en vigor hace meses del certificado digital COVID de la UE han aparecido muchos casos de venta y compra ilegal de pasaportes covid falsos.

Ciberdelincuentes han vendido en la dark web pasaportes británicos falsificados por menos de 200 euros, el mercado creció antes del verano con certificados de vacunación y PCR negativas y, en los últimos meses, también se han encontrado ciberestafas de este tipo en Telegram.

Los usuarios que se ponen en contacto a través de esta red de mensajería para obtener su prueba covid negativa o un certificado de vacunación tienen que proporcionar a los ciberestafadores sus datos personales(como nombre, fecha de nacimiento, número de seguridad social y dirección de correo electrónico) y realizar un pago a partir de unos 150 euros en bitcoin.

“No piques: los usuarios que lo han intentado se han convertido en víctimas de un fraude”, ha advertido la Guardia Civil ante este tipo de actividades ilegales.

#ALERTA ❗ Detectados varios grupos de Telegram en los que se ofrece ayuda para conseguir de forma ilegal el certificado de vacuna #COVID19 o PCR negativa. #NoPiques los usuarios que lo han intentado se han convertido en víctimas de un fraude. pic.twitter.com/9lyftsyCWH

— Guardia Civil ？ (@guardiacivil) September 28, 2021

Estas personas ni siquiera tienen la certeza de que les vaya a llegar realmente el documento solicitado —y los establecimientos pueden pedir tanto el certificado covid como el documento de identidad— pero, además, se enfrentan a diferentes peligros cuando tratan de hacerse con un pasaporte covid o una PCR negativa falsos.

Por un lado, los datos personales pueden ser utilizados para “realizar otro tipo de fraudes o suplantación de identidad”, alerta Ángela García, técnica de Ciberseguridad en el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), en declaraciones a La Sexta.

Por otro, las personas involucradas podrían enfrentarse a responsabilidades penales.

“Esto puede tener una pena de 3 años de prisión. La Policía está acostumbrada a intentar desmantelar este tipo de operaciones, buscando el rastro del dinero para identificar a la persona para practicar la detención y comprobar si además han enviado este documento falso a través de internet o en mano”, explica el abogado Juan Gonzalo Ospina en Más Vale Tarde.

Asimismo, “la persona que lo emplea también puede tener una responsabilidad penal, por lo tanto, hay que tener mucha prudencia en esa situación”, añade.

Finalmente, fuera de aspectos legales se encuentra el riesgo que suponen para la salud de amigos, familiares o desconocidos, ya que, si están infectados por COVID-19, pueden transmitirlo a otras personas y hacer circular el virus aún más.